Junta dice que la orden que regula la chirla “está abierta” por recuperación del caladero

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha asegurado hoy que la orden que regula la pesquería de la chirla en el Golfo de Cádiz “está abierta”, por lo que se irá permitiendo un aumento de las horas de faena según su recuperación.

Así lo ha indicado al ser preguntado por los periodistas en Huelva sobre las quejas de los mariscadores de Huelva y Cádiz en relación con el tiempo de pesca permitido desde su vuelta al trabajo el 1 de julio, tres horas, algo que entienden “escaso” y que “dificulta las capturas”.

El consejero ha señalado que en estos momentos “lo fundamental es la recuperación del caladero y, si no lo hacemos, al final el daño que se le va a causar al sector y a cientos de familias que viven de la chirla va a ser mucho más importante”.

Asimismo, ha remarcado que “ahora mismo todos los estudios técnicos y científicos dicen que son las medidas apropiadas para poder ir recuperando ese caladero”.

El caladero de la chirla se reabrió el pasado 30 de junio tras recuperar el 60 % de sus posibilidades, aunque con medidas destinadas a garantizar la recuperación y conservación del recurso, como ese tiempo de pesca o una cantidad máxima de captura al año de 2.500 toneladas.

Desde el sector se precisó, tras su regreso a la actividad, que “teniendo en cuenta el tiempo que se pierde en levantar el rastro y volverlo a echar, en realidad el tiempo de pesca es de dos horas”.

La flota dedicada a esta actividad la conforman 96 embarcaciones con base en los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría (Huelva) y Sanlúcar (Cádiz).

La orden prevé el endurecimiento de las sanciones a imponer en caso de infringir las normas establecidas durante el ejercicio de la actividad pesquera.

Además de la imposición de multas, que pueden llegar hasta 60.000 euros, la Junta aplicará sanciones accesorias de suspensión de la licencia de hasta cinco años.

En el caso de que la infracción se cometa en zonas marítimas protegidas (reservas de pesca), a la multa y la suspensión de la licencia se sumaría la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas de cualquier tipo por un período de dos años.

F:lavanguardia.com/ (EFE)

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