El Consejo de Cofradías llama a la unidad de las filiales para eludir el pago del IBI

González ve «de justicia» que entidades que destinan gran parte de sus ingresos a ayudas sociales se beneficien de una medida de gracia El Ayuntamiento estudiará «una por una» cualquier petición

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Huelva, Antonio González, llama a la unidad de las filiales rocieras para, «de forma conjunta», solicitar del Ayuntamiento de Almonte la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que grava la casas que estas entidades tienen en la aldea marismeña.

González reconoció a Huelva Información que es «de justicia» que entidades que destinan gran parte de sus ingresos a temas sociales y tienen como «filosofía de existencia servir al prójimo», puedan beneficiarse de una medida de gracia que no sólo prima a las entidades cristianas, si no a cualquier organización o entidad social que desarrolle una actividad que no persiga el beneficio económico.

En base a este argumento, fuentes del Obispado de Huelva declinaron ayer realizar cualquier declaración sobre un beneficio fiscal que no está circunscrito al ámbito eclesiástico, «si no que es extensible a las entidades sin ánimo de lucro». Lo que sí se aclaró desde el Obispado es que a «esta normativa se puede acoger cualquier asociación o entidad, con independencia de que pertenezca o no a la Iglesia católica».

Entre tanto, todo hace pensar que el Ayuntamiento de Almonte va a tener que buscar argumentos sólidos para frenar la cascada de peticiones de hermandades rocieras, que ya han anunciado que pedirán quedar exentas del pago de un impuesto que representa, en muchos casos, más del 50% de su presupuesto anual.

Un caso en el que se encuadra la filial de Isla Cristina, cuyo presidente, Pedro Álvarez, concreta que su hermandad paga anualmente por este concepto fiscal la cantidad de 5.800 euros, «lo que representa casi la mitad de los ingresos». Por esta razón, detalla que ha dado instrucciones a la letrada y secretaría de la hermandad, Matilde Pérez, a que «recabe información para proceder a dar los pasos necesarios» para beneficiarse de un derecho que legalmente les asiste desde 2002.

A pesar de ello, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Ayuntamiento de almonte, Joaquín Díaz, apunta que más allá de la vorágine mediática que suscitada por la decisión del defensor del pueblo andaluz, Jesús de Maeztu, de interceder en la petición de Triana, «junto con la petición hispalense únicamente las hermandades de Coria y Marbella han solicitado la exención del impuesto».

Con independencia de ello, avanza que los servicios jurídicos municipales responderán «una por una» a cualquier petición que puedan cursar las filiales rocieras, siempre fiel «al orden jurídico» y «analizando que se cumplen todas los requisitos para acogerse al articulado de la Ley 49/2002.

Los Ayuntamientos tienen en el IBI la principal herramienta recaudadora. No en vano, uno de cada dos euros que ingresan las arcas locales en España se debe a este impuesto que grava la propiedad de terrenos y viviendas. Si en la ecuación entran las transferencias del Estado por financiación local, entonces el IBI representa una sexta parte de todos sus recursos; aunque en el caso del El Rocío la proporción es infinitamente mayor. Lo demuestran hechos como que muchos propietarios se hayan visto obligados a vender o alquilar sus viviendas ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos.

Una vez abierto el melón y tras más de doce años abonando un impuesto del que podrían haber estado exentos, algunas entidades rocieras quieren mirar con lupa cada concepto impositivo, por lo que avanzan que van a estudiar «meticulosamente» si las tasas de recogidas de basura no vulneran la normativa pública, después de «tener que pagar facturas de bimensuales de cerca de 500 euros».

Álvarez considera «lógico» que durante el mes en el que se celebra la Romería de Pentecostés «se paguen unas tarifas acordes al volumen de residuos sólidos que se originan, no así en el resto de meses en el que se encuentran cerradas las casas». En concreto, cita que junto a Isla Cristina se encuentran las filiales de Olivares, Villarrasa, Écija y Villafranca, a pesar de lo cual existe un único contenedor «por cuyo servicio se nos cobra una cantidad que entendemos desorbitada».

Su homólogo de La Palma, Enrique Martín, insiste en que no quieren comenzar una cruzada contra la administración local, si bien considera que los costes no se corresponden con la cuantía abonada, ya que «aunque el camión de la recogida de basura tiene que pasar durante los 365 días al año», las tasas por volumen de residuos tratados no son los mismos; ni el personal ni los gastos de depuración de las aguas. A pesar de todo, «por la recogida de basuras nos cobran como un hotel, como si estuviéramos abiertos todo el año», concluye el hermano palmerino.

En la normativa municipal las tasas han de estar reguladas por un principio de equivalencia en virtud del cual «el importe debe cubrir, como máximo, en su conjunto, el coste real o previsto del servicio o actividad que las originan o el valor que tendría en el mercado». Las filiales consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este principio se cumpla. El Ayuntamiento, por su parte, recuerda que no tiene constancia alguna de queja al respecto.

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