Concentración frente al Parlamento de Andalucía de las Trabajadoras de la ayuda a domicilio de Isla Cristina

Bajo el lema ‘las administraciones publicas incumplen con los pagos en el sector de la dependencia’, casi un centenar de trabajadoras de la ayuda a domicilio de Isla Cristina se concentrarán este miércoles frente al Parlamento de Andalucía para exigir que se “cumpla con los compromisos adquiridos en el sector de la dependencia”

CCOO ha vuelto a denunciar “impagos por parte la Junta de Andalucía al sector de la ayuda a domicilio de Isla Cristina, que ha provocado que 80 trabajadores hayan dejado de cobrar las nóminas de octubre y noviembre”.

Carmen Marchena, responsable de Acción Sindical para la Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Huelva, ha manifestado que “además de las nóminas que se les debe a las trabajadoras, este colectivo lleva tres años asumiendo retrasos continuados en sus salarios, llegando a cobrar a vaeces una nómina que no alcanza 600 euros en dos o tres pagos”.

La sindicalista ha denunciado que “la Junta de Andalucía debe actualmente a la empresa concesionaria de Ayuda a domicilio en Isla Cristina, Nemon, 940.000 euros, lo que ha provocado que a pesar de realizar esfuerzos no pueda garantizar ni la puntualidad en la pago ni las propias mensualidades”.

Marchena ha explicado que el objetivo de la concentración frente al Parlamento de Andalucía es “exigir a la Junta de Andalucía que se ponga al corriente en los pagos del sector de la dependencia”. En este sentido, la sindicalista ha añadido que “una posible solución sería hacer un plan de pago, al igual que se hizo con los geriátricos, que pasaría por abonar las cantidades a las empresas en un periodo no superior a los 60 días, tal y como actualmente recogen los propios contratos suscritos entre empresa y Junta. Lo que no es lógico es vender públicamente un incremento en los presupuestos autonómicos y que este incremento quede en papel mojado porque no se paga”.

Finalmente, el sindicato ha anunciado que además de un proceso de movilizaciones va a estudiar la posibilidad jurídica de interponer una demanda por conflicto colectivo contra la empresa y la Junta de Andalucía por impagos reiterados, demanda en la que solicitará el cobro de los intereses de demora, «tal y como establece en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores».

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